Por el probable delito de omisión, la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) fue denunciada por el senador yucateco Daniel Ávila Ruiz ante el juzgado de distrito en turno en el estado de Quintana Roo, al considerar que ha incumplido con su obligación de resolver el expediente de denuncia popular en contra del proyecto Dragon Mart Cancún.
En la denuncia, interpuesta por Ávila Ruiz en conjunto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), se estipula que desde febrero de 2013, la dependencia federal ha recibido diversas demandas por acciones y omisiones que se cometieron con el desarrollo, ejecución y operación del proyecto “Construcción y operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas”.
El senador explicó que la denuncia se basa en el hecho de que dicho proyecto requería de una autorización en materia de impacto ambiental federal por tratarse de un desarrollo inmobiliario que afecta un ecosistema costero, contempla la construcción y operación de obras hidráulicas y la construcción y operación de una desalinizadora. Además, se prevén actividades en un Área Natural Protegida Federal y la operación de una subestación eléctrica.
Ante esos lineamientos, de acuerdo con la Ley, cualquier persona, grupo social, organización no gubernamental, asociación y sociedad tiene el derecho de denunciar ante la Profepa hechos u omisiones que produzcan o puedan causar desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, anotó.
El legislador yucateco aseguró que una vez presentada la denuncia popular, la Profepa tiene obligación de iniciar un procedimiento que incluye realizar la investigación correspondiente e iniciar un procedimiento administrativo de inspección y vigilancia oportuno, en caso de que se encuentren irregularidades.
Sin embargo, la delegación de la dependencia federal ha incumplido con la Ley, ya que hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna dentro del expediente en el que fueron acumuladas las denuncias populares, subrayó.
A varios meses de presentadas las denuncias no se han realizado las visitas oculares correspondientes, por lo tanto no existen actas ni se ha dado inicio a los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia, de acuerdo a los plazos correspondientes, reiteró el legislador, lo que es una violación al proceso administrativo y a la obligación constitucional de respeto y garantía, pues al no actuarse oportunamente las violaciones se siguen consumando.
Avila Ruiz afirmó que la vulneración a los derechos es latente y palpable, ya que Dragon Mart cuenta con una autorización ilegal de impacto ambiental a nivel local, así como con la licencia de construcción para desarrollar el proyecto.
Esos permisos y autorizaciones, dijo, traerá desequilibrios ecológicos por el tipo de desarrollo y su ubicación dentro de un ecosistema costero y su cercanía con un área natural protegida como lo es el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.
Aun cuando no se hubieran presentado denuncias populares, afirmó, la Profepa cuenta con las facultades y tiene una obligación genérica de inspección y vigilancia, que tuvo que haber ejercido en cuanto el proyecto Dragon Mart empezó a ser parte del debate público, no sólo a nivel local sino a nivel federal e incluso internacional.
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